El pasado viernes el Pleno del Tribunal Constitucional acordaba admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad de la ley ‘antifracking’ riojana, admisión que, por otro lado, era esperada en tanto en cuanto la ley cántabra, que también prohibía esta peligrosa técnica extractiva, había corrido la misma suerte que nuestra ley autonómica.
Lo primero que nos debemos preguntar es si esta inconstitucionalidad es cierta. La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos es clara: en caso de solicitud de permiso para explotación de recursos mineros, será el Ministerio de Industria quien tenga la potestad para permitir o denegar esta explotación mientras que la autorización ambiental estará bajo la tutela autonómica si la actividad afecta a una sola comunidad o bajo la tutela estatal si ésta afecta a dos o más comunidades. Aquí nace el conflicto con la cuestión sobre qué hacer si la explotación afecta a dos autonomías y una de ellas es contraria a esta explotación, como es nuestro caso, donde los cinco permisos de investigación concedidos por industria afectan a comunidades limítrofes.
La solución es clara y basándonos en la soberanía regional que nos asiste, no se deberían permitir pozos allí donde el fracking está prohibido pero el Ministerio de Industria, con el señor Soria a la cabeza, ha jugado la baza de la identidad estratégica de los recursos energéticos para ponerse al frente de los intereses empresariales y ha decidido impugnar la ley riojana consiguiendo así su suspensión.
Desde la Plataforma Fracking No de La Rioja creemos que el Gobierno no sólo debe velar por el cumplimiento de las leyes que se aprueban democráticamente en los Parlamentos autonómicos sino que está obligado a seguir el ejemplo cuando se trata de decisiones que se toman desde el consenso y para la protección de su territorio y de sus habitantes. Es por ello que no entendemos cómo los miembros del Partido Popular riojano, que se muestran contrarios a esta técnica en La Rioja, votan a favor de leyes que habilitan esta técnica en el Congreso y Senado estatales así como en el Parlamento Europeo donde el fracking ha quedado excluido en la nueva Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental.
Por lo tanto, podemos afirmar que para nuestro Gobierno regional, el fracking “de entrada no” pero si eso ya tal… Y es que en sus declaraciones se encierra la realidad del objetivo de su partido, que no es otro que implantar el fracking en todo el territorio, con el presidente Pedro Sanz entrando en varias incoherencias y contradicciones que dan pie a esta afirmación.
Uno. No existen permisos de investigación de fracking sino que lo que hay son permisos de investigación de hidrocarburos donde la técnica se define después, en la fase de prospección.
Dos. Si esta técnica está prohibida, ¿por qué se dice que, en caso de solicitar permisos, se pedirán los estudios de impacto pertinentes? No estaba prohibida? aparte de que exigir un estudio de impacto ambiental no evitará que las dañinas extracciones por fractura hidráulica reciban autorización.
Tres. Si el PP riojano es contrario a esta técnica, ¿por qué es apoyada por nuestros representantes en más altas instancias?
Y cuatro. Podemos aceptar que el Gobierno regional no quiere que esta técnica se realice en La Rioja ya que correría el riesgo de perder su candidatura a ‘Paisaje cultural del vino’, dañaría las importantes actividades agroalimentarias existentes o pondría en peligro el incipiente turismo rural del que presumimos, pero hay otra razón aún más especial. Pedro Sanz nos dio la clave: “En La Rioja ya tenemos una explotación gasística” que nada tiene que ver con una “extracción natural”, como él dijo. La realidad es que la empresa gestora, que a su vez posee el permiso de los otros cinco proyectos, ya atesora su parte del pastel y, lo más importante, tiene en la no prohibición de esta técnica carta blanca para seguir investigando y una reserva natural de gas que siempre es bienvenida en su valor accionarial frente al resto de competidores.
Por todo ello, fracking, ni ‘de entrada’ ni de salida.